Un informe elaborado por la cadena de noticias CNN en Español hace referencia a la situación sanitaria en nuestro país y refiere que, a pesar de que aumentó significativamente la cantidad de camas de terapia intensiva, de igual manera los hospitales se encuentran colapsados.

Como ejemplo de ello puso el caso del Hospital Distrital de Villa Elisa, donde ya no hay disponibilidad de camas UTI, impidiendo que varios pacientes con COVID-19 puedan ser atendidos allí.

En una entrevista para el canal, la directora de este nosocomio, Dra. Johana Benítez, confirmó que tuvieron casos de pacientes que fallecieron en el camino sin poder recibir atención médica o en todo caso que murieron en sillas, esperando una lugar en terapia intensiva.

“Realmente nuestro sistema de salud ya está saturado”, mencionó la profesional de la salud.

Otra situación señalada en este informe es la falta de oxígeno medicinal para los pacientes con COVID-19 debido a la alta demanda que se viene teniendo en los hospitales, siendo un tema que movilizó a las principales autoridades sanitarias.

En el material audiovisual, también se relata la dura realidad de los familiares de pacientes que deben aguardar novedades por parte de los médicos y que, además, deben costear la compra de varios medicamentos a diario, algunos de ellos muy costosos.

Asimismo, menciona el avance del proceso de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país, que aún sigue con parte del personal de blanco y también abarca ahora a los adultos mayores de 85 años.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habló hoy en conferencia de prensa sobre la investigación iniciada en Paraguay, respecto al crimen de Marcelo Pecci, perpetrado en Colombia el 10 de mayo del 2022. En la oportunidad, los fiscales intervinientes también hicieron un relato de sus actuaciones en este caso, dejando en claro que no se produjo ninguna inacción en torno a la pesquisa.

La autoridad manifestó que el Ministerio Público depende en muchos aspectos de la gestión de la justicia de Colombia, lugar donde ocurrió el hecho punible. También explicó que la renuencia a dar información se debe a una cuestión institucional y para dar garantías constitucionales. “Esas limitaciones iniciales, porque simplemente el hecho es extraterritorial, nos motivó a implementar aspectos que no es posible dar a la información pública. La información sobre un hecho tan sensible, delicado, en el que probablemente el crimen transnacional esté presente, no es posible de publicación”, aclaró.

“Hoy estamos en la nebulosa. Dependemos en muchos aspectos de la gestión de la justicia colombiana, porque, en verdad, el hecho punible ocurrió en Colombia. Quiero descartar absolutamente y con énfasis que la Fiscalía no haya puesto de sí todo lo que se debe. Este es un caso emblemático”, agregó.

A su vez, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, indicó que se solicitaron varias colaboraciones a Colombia, pero algunas no avanzaron. Por ejemplo, no se recibió ninguna respuesta sobre alguna pesquisa hecha en el marco de las declaraciones de Francisco Correa Galeano, quien había manifestado que el autor intelectual estaría en Paraguay.

“Solicitamos la apertura de la notebook de uno de los condenados, pero tampoco se ha realizado la apertura de la computadora de Andrés Felipe Perez Hoyos. De ahí se podrían haber hecho transacciones”, explicó el fiscal.

Doldán indicó que en total existen 17 diligencias que demuestran la actividad de la Fiscalía exhortando cooperación a Colombia. “Hemos reiterado nuevamente, en una tercera ocasión, la necesidad de conformar el equipo conjunto de investigación. Me he constituido en Colombia nuevamente a reclamar una respuesta a los exhortos, sin eco favorable. También he solicitado y he explicado la importancia de conformar el equipo conjunto de investigación”, resaltó.

El fiscal mencionó que incluso quiso reunirse el 14 de mayo pasado con la nueva fiscal General del Estado de Colombia, Luz Adriana Camargo, pero que esta se excusó por compromisos laborales. Al respecto, el fiscal general ahondó que “el hecho de que haya habido un cambio de administración en la Fiscalía General de la nación colombiana, provoca necesariamente una interrupción del lapso natural de la cooperación en todos los sentidos”.

Por otro lado, Doldán mencionó que se remitió una carta rogatoria del 13 de octubre del 2023, y que del 31 de octubre al 4 de noviembre, una comitiva mantuvo conversación con Francisco Correa Galeano. Además se intentó conversar con los hermanos Pérez Hoyos, pero estos se negaron a dialogar con los fiscales paraguayos.

La Fiscalía paraguaya reiteró su pedido de cooperación a Colombia para poder hallar en nuestro país a los responsables de haber instigado el crimen del fiscal Marcelo Pecci.

El Ministerio Público reveló que aquel crimen, quedó documentado en chats que mantuvieron Marset y Miguel ‘Tío Rico’ Insfràn, en el que el primero le cuenta que acabó con la vida de su pariente Oliveira Cabrera.

“Le mató con dos buenos tiros, cerca de la casa de Miguel Insfràn, pero (dijo) que la victima del homicidio se tirò del auto, por lo que le pidió al acusado (Tío Rico) que se fije porque quiere estar seguro de que esté muerto”, refiere la transcripción fiscal de lo que se dijeron, entonces, ambos narcos, en una conversación escrita, vía WhatsApp.

Ese tipo de conversaciones entre ambos no era el primero con semejante crudeza. Antes, el 14 de setiembre del 2020, Marset le preguntaba a Miguel Insfràn: “Si tenía un un lugar para desaparecer un cuerpo, meterlo en ácido o en cal” (sic del documento fiscal).

En otra conversación entre los dos cabecillas del caso A Ultranza, el uruguayo le solicita a su socio paraguayo: “Si podia llevar tres o cuatro pistolas y algunas M4 (fusiles de asalto automático)”, refiere el documento fiscal.

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¿Por qué Marset mató a su primo Diego Andrés Oliveira? Una de las hipótesis de la investigación, consigna que sería la misma razón por la que asesinaron al empresario Mauricio Swarstzman, esto es, una supuesta ‘traición’ al esquema narco, pasando datos a la DEA (Dirección de Control de Drogas de EEUU). La acusación de filtración, hizo presumir a los mafiosos narcos que determinó el desveló de la trama, por parte del operativo A Ultranza, un trabajo internacional que llevò años para su “cosecha final”.

Otra de las muertes atribuidas a Marset y Tío Rico, es la de la de cocinera de este, Fátima Liliana Rejala Cabrera, de 39 años, el 1 de marzo del 2022. Ella fue acribillada en su propia casa por parte de un sicario, semanas después de revelarse el operative A Ultranza Paraguay, con la gama de detenciones de muchos de los implicados.

El modus operandi del grupo liderados por Marset y Tio Rico, es sindicado por los investigadores como de clara tendencia a al asesinato de contrincantes o sospechosos de obstaculizar la marcha del negocio de tráfico masivo de estupefacientes.

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En un esfuerzo por prevenir la introducción y propagación del virus Oropouche, el SENEPA ha intensificado su vigilancia entomológica. Aunque no se han registrado casos de transmisión de Oropouche en Paraguay, el organismo está tomando medidas proactivas para evitar su aparición.

El SENEPA está investigando los potenciales vectores de este virus, que incluyen el jején Culicoides paraensis y los mosquitos Culex quinquefasciatus, Coquellittidia venezuelensis y Ochlerotatus serratus. Estos insectos se han incorporado a los planes de vigilancia entomológica del servicio.

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Las acciones de vigilancia incluyen la colocación de trampas de luz tipo CDC, la captura de adultos mediante aspiradores mecánicos y el levantamiento de índice larval. Estas acciones se están llevando a cabo en todo el país, como parte de los planes de vigilancia entomológica de diferentes vectores.

Las investigaciones entomológicas se están realizando inicialmente en áreas fronterizas con Brasil, en respuesta a las alertas epidemiológicas emitidas por la OPS/OMS sobre los casos confirmados en la región de las Américas.

Además de la vigilancia entomológica, el SENEPA está promoviendo medidas de protección y prevención. Estas incluyen el ordenamiento de entornos, la eliminación de agua estancada y los restos de materia orgánica en descomposición, y el uso de repelentes y mosquiteros en las habitaciones de descanso.

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